Exigimos que el #IngresoVital se apruebe a la brevedad para apoyar a más de 12 millones de personas (trabajadoras formales e informales) que han perdido sus ingresos a causa de la epidemia por la COVID-19.
  • El #IngresoVital es temporal. Por tres meses.
  • El #IngresoVital es para quienes no reciben otro tipo de apoyos gubernamentales.
  • El #IngresoVital es un monto ligeramente por encima de la Línea de Bienestar de CONEVAL ($3,746.00).
  • El #IngresoVital no pone en riesgo las finanzas del país.
Conoce el comunicado suscrito por más de 70 organizaciones aquí.

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Personas que exigen #IngresoVital

¿Qué es #IngresoVital?

El Ingreso Vital sería un apoyo económico temporal del gobierno para poder proveer de un ingreso a los cientos de miles de mexicanos que han perdido sus empleos y ganancias a raíz del Covid-19. El Ingreso Vital permitiría entregar $3,745 mensuales durante tres meses a +12 millones de personas que han perdido sus ingresos y no cuentan con otros apoyos gubernamentales.

El #IngresoVital NO plantea ser un
Ingreso Básico Universal (IBU).

¿A quiénes beneficiaría el #IngresoVital?

El objetivo del Ingreso Vital es beneficiar a la población económicamente activa que está perdiendo o ha perdido sus ingresos. Ya sea por haber sido recortados o despedidos o por pertenecer a la economía informal. Es decir, el Ingreso Vital busca beneficiaría al 57% de los 55 millones de mexicanos que pertenecen a la población económicamente activa. No contempla a beneficiarias y beneficiarios de otros programas sociales.
Al ser una medida extraordinaria, rápida y contundente se implementaría un registro  para cualquier persona que lo solicite utilizando mecanismos de transparencia para corroborar que no estén inscritas en otro programa. Tomando en cuenta esta información, se considera que podría apoyar más de 12 millones de hogares.
¿Por qué se propone un #IngresoVital?

Porque en México el 74% de las personas trabajadoras pertenecen a alguna población en situación de vulnerabilidad. La epidemia por COVID-19 ha provocado que millones de personas se vean obligadas a tomar decisiones que afectan su patrimonio o sus derechos como sacar a sus hijas e hijos de la escuela, reducir su alimentación, hipotecar o vender sus bienes, incluso sus hogares. Además, millones de personas no cuentan con Seguridad Social u otros mecanismos que les ayuden a sobrellevar las medidas de distanciamiento social. También, cientos de miles de personas ven en riesgo sus trabajos. Hasta el momento, más de 12 millones de personas han perdido sus ingresos, tanto en el trabajo formal como en el informal.

¿De dónde saldría ese dinero y cuál sería el impacto a la economía del país?

Actualmente ya existe el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, a cargo del Instituto Nacional de Bienestar, el cual cuenta con presupuesto para cumplir esta medida extraordinaria.
Incluso, si se lograra atender a las 12 millones de personas en situación de vulnerabilidad, el costo mensual para el país sería de menos de 130 mil millones de pesos, ya que se plantea dar una suma de $3,745 pesos por mes el equivalente al salario mínimo mensual. Este monto representa una inversión de entre el 0.8 y el 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto. Siendo perfectamente asequible pues no aumentaría significativamente la deuda y no se convertiría en una carga insostenible para el futuro.


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Legisladores y legisladoras que han impulsado la propuesta:
Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Presidenta de la Mesa Directiva
Lorena Villavicencio Ayala (Morena)
Martha Tagle Martínez (MC)
Verónica Juárez Piña (PRD)
Porfirio Muñoz Ledo (Morena)
Juan Carlos Romero Hicks (PAN)
Tonatiuh Bravo Padilla (MC)
Martha Elena García Gómez (PAN)
Cynthia López Castro (PRI)
Erika Sánchez Martínez (PRI)
Carmen Patricia Palma Olvera (Morena)
Julieta Macías Rabago (MC)
Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN)
Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN)
Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN)
Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN)
Ricardo García Escalante (PAN)
Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN)
Gabriela Cuevas Barrón (Morena)
Josefina Salazar Báez (PAN)
Ana Paola López Birlain (PAN)
Mario Mata Carrasco (PAN)
Arturo Hernández Tapia (Morena)
Liduvina Sandoval Mendoza (PAN)
Kehila Abigail Ku Escalante (MC)
Marcelino Rivera Hernández (PAN)
Marcela Torres Peimbert (PAN)
Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN)
Ana Priscila González García (MC)
Jacobo David Cheja Alfaro (MC)
Pilar Lozano Mac Donald (MC)
Karen Michel González Márquez (PAN)
Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (MC)
Jaquelina Martínez Juárez (PAN)
Lourdes Celenia Contreras González (MC)
Alan Jesús Falomir Saenz (MC)
Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC)
Juan Francisco Ramírez Salcido (MC)
Geraldina Isabel Herrera Vega (MC)
Martha Elisa González Estrada (PAN)
Martha Angélica Zamudio Macias (MC)
Fabiola Loya Hernández (MC)
Claudia Pastor Badilla (PRI)
Higinio del Toro Pérez (MC)
Carmen Julia Prudencio González (MC)
Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD)
Libier González Anaya (MC)
Eduardo Ron Ramos (MC)
Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC)
Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC)
Jorge Alcibíades García Lara (MC)
Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI)
Ana Lucia Riojas Martínez (IND)
Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (PRD)
Soraya Pérez Munguía (PRI)
Adriana Paulina Teissier Zavala (PES)
Patricia Terrazas Baca (PAN)
Ariel Rodríguez Vázquez (MC)
Ximena Puente de la Mora (PRI)
Martha Estela Romo Cuellar (PAN)
Ruth Salinas Reyes (MC)
Mónica Bautista Rodríguez (PRD)
José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD)
Mónica Almeida López (PRD)
Claudia Reyes Montiel (PRD)
Juan Carlos Villareal Salazar (MC)


Organizaciones que impulsan la propuesta:















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